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Tomado del Diario ABC.
Kriptópolis: Vuelve la inquisición a España
Manuel Alonso Martínez, Ministro de Gracia y Justicia de la I República y de la Restauración monárquica, fue un hombre providencial para España. Presidente de la Academia de Jurisprudencia y secretario de la Comisión General de Codificación, fue el autor de un cuerpo legal que ha servido de marco regulador a la sociedad española durante más de un siglo. No puede entenderse de otra forma la supervivencia durante todo el siglo XX de los Códigos Penal, Civil, de Comercio y de las Leyes de Enjuiciamiento Criminal y Civil en cuya redacción participó.
España necesita un nuevo Alonso Martínez. La sociedad española del siglo XXI se va a construir alrededor de Internet. En 20 años, la mayor parte de las comunicaciones, la mayor parte de las relaciones económicas, tendrán lugar a través de la Red de Redes. En sólo 20 años, es posible que las campañas electorales se libren con mayor intensidad en la Red que fuera de ella. Es necesario un cuerpo legal sobre el que construir esa nueva España, y el anteproyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico, es un cimiento demasiado endeble para tal edificio.
La Directiva comunitaria de Comercio Electrónico debe incorporarse a nuestro ordenamiento jurídico, modificando todos los códigos legales que hayan de verse afectados por la nueva normativa, no mediante una ley especial. Hacerlo de otra forma supone convertir Internet en un gueto ajeno al mundo real, y limita extraordinariamente el margen de maniobra de España en el escenario económico internacional. De aprobarse el anteproyecto de LSSI en su actual redactado, España perderá inevitablemente el mercado de Internet latinoamericano, dejando la iniciativa en manos de las empresas estadounidenses asentadas en Miami.
La Ley debe ser igual para todos: tal es el principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, consagrado en el artículo 14 de la Constitución. El derecho fundamental a la igualdad se vería vulnerado de tratarse de forma distinta a las iniciativas que tuviesen lugar dentro y fuera de la Red. En el mismo sentido, la libertad de prensa debe tener las mismas garantías, tanto en su forma tradicional como en formato digital. De conformidad con lo previsto en el artículo 20.5 de la Constitución, sólo mediante auto judicial motivado puede impedirse el suministro de información a través de Internet. El ambiguo redactado de la LSSI posibilita la extralimitación de la autoridad administrativa, tanto en lo que se refiere a su supervisión de las actividades económicas, como en lo relativo al ejercicio de la libertad de expresión en la Red.
Es necesario configurar un marco regulador que garantice la seguridad en la Red, sin menoscabo de las libertades públicas. Para ello, es fundamental que por parte de los poderes públicos proceda a ejecutarse el mandato de la Comisión de Redes Informáticas del Senado, que urgía a dotar de medios adecuados a las Fuerzas de Seguridad del Estado especializadas en la persecución del ciberdelito, así como a la creación de una Fiscalía Especial de Delitos Informáticos.
Desde Kriptópolis nunca hemos pretendido que Internet no tuviese leyes. Antes al contrario, la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos deben regir al mismo nivel, dentro y fuera de la Red. La LSSI es un disparate legislativo, que esperamos sea corregido durante su tramitación parlamentaria. En manos del legislador queda la responsabilidad de garantizar que los cimientos de la sociedad española del siglo XXI sean estables: nuestro futuro depende de su inteligencia.
Carlos Sánchez Almeida es abogado y socio fundador de Bufet Almeida, Advocats Associats
